Publicado el: 05/02/2024Un grupo de vecinos de la calle Frederica Montseny de Salou impiden el desahucio de una familia que vive en uno de los pisos de protección oficial de La Caixa
Un grupo de alrededor de sesenta personas logró detener el desahucio de una familia en Salou el pasado 5 de enero. La familia, compuesta por Kika, Toni y su hijo, residía en una vivienda de protección oficial construida por La Caixa en 2009. El contrato de alquiler social tenía una vigencia de 10 años, plazo que la familia asegura desconocer, ya que en el momento de la firma les informaron de la posibilidad de renovar el contrato o comprar la propiedad al finalizar dicho plazo.
La situación de Kika, la afectada, no es única, según el Sindicat de Llogateres. Hasta 2027, el mismo escenario podría repetirse en otros 47 pisos de la misma promoción. La comitiva judicial ha pospuesto el desahucio hasta marzo.
Este intento de desalojo es el primero en llevarse a cabo en este bloque de pisos de protección oficial en la calle Frederica Montseny de Salou. No obstante, el Sindicat alerta que podría no ser el último, ya que otras cinco vecinas también están fuera de contrato. De los 80 pisos protegidos en el edificio, 33 están desocupados, y 47 están habitados con contratos que finalizarán a más tardar en 2027.
Aldo Reverte, militante del Sindicat de Llogateres, ya ha denunciado lo que considera una estafa que afecta a miles de viviendas de protección oficial en toda Cataluña. Argumenta que las instituciones públicas deben garantizar que estas viviendas sigan formando parte de un verdadero parque de alquiler público, y ya se han presentado propuestas para obligar a la realización de nuevos contratos de alquiler o adquirir públicamente estos bloques.
Kika Aguilera ha solicitado por su parte ayuda a las administraciones, ya que como afectada tiene pocas opciones en este momento. Aguilera, quien lleva enviando escritos a los juzgados desde junio del pasado año en busca de una solución, expresó su frustración como persona trabajadora y honesta que paga puntualmente su alquiler. Se lamentó por aquellos que ya abandonaron el bloque por temor a posibles represalias supuestamente por parte de La Caixa, que se hacen los sordos y se desentienden al no facilitar una solución viable para los perjudicados.
La situación de Kika, la afectada, no es única, según el Sindicat de Llogateres. Hasta 2027, el mismo escenario podría repetirse en otros 47 pisos de la misma promoción. La comitiva judicial ha pospuesto el desahucio hasta marzo.
Este intento de desalojo es el primero en llevarse a cabo en este bloque de pisos de protección oficial en la calle Frederica Montseny de Salou. No obstante, el Sindicat alerta que podría no ser el último, ya que otras cinco vecinas también están fuera de contrato. De los 80 pisos protegidos en el edificio, 33 están desocupados, y 47 están habitados con contratos que finalizarán a más tardar en 2027.
Aldo Reverte, militante del Sindicat de Llogateres, ya ha denunciado lo que considera una estafa que afecta a miles de viviendas de protección oficial en toda Cataluña. Argumenta que las instituciones públicas deben garantizar que estas viviendas sigan formando parte de un verdadero parque de alquiler público, y ya se han presentado propuestas para obligar a la realización de nuevos contratos de alquiler o adquirir públicamente estos bloques.
Kika Aguilera ha solicitado por su parte ayuda a las administraciones, ya que como afectada tiene pocas opciones en este momento. Aguilera, quien lleva enviando escritos a los juzgados desde junio del pasado año en busca de una solución, expresó su frustración como persona trabajadora y honesta que paga puntualmente su alquiler. Se lamentó por aquellos que ya abandonaron el bloque por temor a posibles represalias supuestamente por parte de La Caixa, que se hacen los sordos y se desentienden al no facilitar una solución viable para los perjudicados.